1. Objeto del servicio
Balanxio es una aplicación SaaS de gestión financiera para empresas, autónomos y asesorías: ventas, compras, bancos, contabilidad, modelos fiscales, API, integraciones y app móvil. El backend mantiene los cálculos fiscales y contables como fuente de verdad.
2. Programa privado y alta
El acceso inicial está limitado a empresas conocidas y entorno privado. La contratación pública, precios finales, facturación comercial y condiciones de soporte quedan sujetos a validación jurídica, fiscal y operativa antes del lanzamiento abierto.
3. Responsabilidades del usuario
El usuario debe introducir datos veraces, revisar facturas, impuestos, conciliaciones y exportaciones antes de presentarlas, custodiar sus credenciales y comprobar que la configuración fiscal de cada empresa es correcta.
4. Fiscalidad y contabilidad
Balanxio ayuda a calcular y preparar documentos, pero no sustituye el criterio profesional de una asesoría fiscal, contable o legal. Los modelos 303/111/115/130, ficheros AEAT, VERI*FACTU, SII u otros envíos deberán validarse conforme a la normativa vigente y al entorno técnico autorizado.
5. Disponibilidad, integraciones y proveedores
Algunas funciones dependen de terceros: correo, almacenamiento, bancos PSD2, OCR/IA documental, datos empresariales, push móvil y servicios de la AEAT. Las interrupciones, límites o cambios de esos proveedores pueden afectar al servicio.
6. Datos, copias y seguridad
El servicio está diseñado con separación por empresa, auditoría, roles, RLS en PostgreSQL, backups verificados y restauración ensayable. Aun así, el usuario debe conservar documentación original y revisar exportaciones críticas antes de usarlas fuera de Balanxio.
7. Uso aceptable
No se permite usar Balanxio para fraude fiscal, emisión documental falsa, acceso no autorizado, scraping no permitido de fuentes públicas/privadas, ingeniería inversa abusiva, carga de malware o uso que degrade el servicio para otros usuarios.
8. Cambios
Estas condiciones podrán actualizarse para incorporar SLA, soporte, facturación, subencargados, política de cancelación y condiciones comerciales definitivas. La jurisdicción de referencia es España, salvo norma imperativa aplicable.